Los flujos de remesas a países de ingresos bajos y medios registraron una disminución menor a la anticipada. Según el último Informe sobre migración y desarrollo (inglés) del Banco Mundial, estos envíos alcanzaron los $540.000 millones en 2020; solo un 1,6% por debajo del total de remesas en 2019. Una disminución menor que la de la crisis financiera mundial de 2009 gracias a los estímulos fiscales aplicados para afrontar la pandemia.

El aumento de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos se ha convertido en el centro de las preocupaciones macrofinancieras mundiales, pero ¿por qué? El FMI te lo explica.

El ritmo de cambio en las reservas de divisas de los bancos centrales puede describirse como glacial. Sin embargo, los cambios geopolíticos y la revolución tecnológica están reconfigurando el statu quo.

Según el Banco Mundial, a medida que la COVID-19 y la crisis económica continúan propagándose, se proyecta que la cantidad de dinero que los trabajadores migrantes enviaran a casa (las remesas) disminuirá un 14 por ciento en 2021 en comparación con 2019. Los factores que impulsan esta disminución incluyen un débil crecimiento económico y bajo nivel de empleo en los países de acogida, la debilidad de los precios del petróleo,  y la depreciación de las monedas de los países emisores de remesas frente al dólar estadounidense.

Con millones de desempleados, innumerables empresas en dificultades y entre 80 y 90 millones de personas al borde de la pobreza extrema como resultado de COVID-19, los gobiernos no deberían retirar las medidas de apoyo activadas en los últimos meses. Aun así, muchos países necesitan hacer más con menos. El Monitor Fiscal de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI) examina la gestión de la crisis por parte de sus países miembros, y analiza qué pueden hacer para salvar más vidas, reducir el impacto de la recesión, reactivar el crecimiento y crear empleo.

El 28 de mayo de 2020, Canadá, Jamaica y el Secretario General convocaron un Evento de Alto Nivel para unir fuerzas con Jefes de Estado y de Gobierno, organizaciones internacionales y otros socios clave a fin de buscar soluciones financieras ante la emergencia de la COVID-19. Ahora toca el momento de evaluar y actuar, por lo que el 29 de septiembre se llevará a cabo una reunión de seguimiento para considerar el menú de opciones políticas desarrolladas los últimos cuatro meses con la ambición de apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para responder y recuperarse de la actual crisis mundial.

Además de las dificultades habituales a las que los trabajadores migrantes hacen frente, el coronavirus ha tenido un impacto negativo sobredimensionado sobre estas personas y sus familias en sus países de origen.

El impacto económico de la pandemia en las economías de mercados emergentes superó con mucho al de la crisis financiera mundial. La respuesta ha sido decisiva, pero las políticas convencionales están agotadas y las no convencionales conllevan riesgos.

La pandemia de COVID-19 podría suponer un punto de inflexión para los servicios financieros digitales. Los hogares de bajo ingreso y las pequeñas empresas pueden beneficiarse enormemente de las ventajas que encierran el dinero móvil, los servicios de tecnofinanzas y la banca en línea. Sin embargo, el FMI apunta que la pandemia también ha complicado el crecimiento de los actores de menor tamaño en el sector y ha puesto de relieve la desigualdad en el acceso a las infraestructuras digitales.

A diferencia de otras crisis económicas, la caída de la producción en la crisis de COVID-19 no está impulsada por la demanda. Por lo tanto, el papel de la política económica no es estimular la demanda, al menos no de inmediato. Más bien, el FMI propone que la política tenga tres objetivos: garantizar el funcionamiento de los sectores esenciales, proporcionar suficientes recursos a las personas afectadas por la crisis y evitar una perturbación económica excesiva. La pandemia de COVID-19 es una crisis como ninguna otra, que exige un mayor papel del sector público.

El trabajo de un administrador de deuda pública consiste en encontrar las mejores soluciones de endeudamiento para obtener el monto de financiamiento que necesita el Gobierno con el menor nivel posible de costos y riesgos. Esta tarea es cada vez más compleja.

El Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pueden ayudar a los países emergentes y a los de ingresos bajos a impulsar el crecimiento económico e incrementar su resiliencia frente a las crisis.

Gracias a un préstamo a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Mohamed empezó su propio negocio agrícola que pronto le permitió incluso contrartar hasta seis trabajadores.

Disponer de la financiación necesaria sigue siendo un desafío importante de cara a la Agenda 2030, especialmente si las inversiones críticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen sin financiación. El Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo reúne a líderes del gobierno, las empresas y el sector financiero para ayudar a desbloquear los recursos y fomentar asociaciones necesarias para acelerar el progreso.